La vida en BULGARIA, el coste de la vida en el Sur

El Consejo Ejecutivo de Cataluña (catalán: Consell Executiu) o el Gobierno Ejecutivo de Cataluña (catalán: Govern de Catalunya) es el poder ejecutivo de la Generalitat de Cataluña. Es responsable de la acción política, la regulación y la administración del gobierno de la comunidad autónoma[1].

El Presidente de la Generalitat es el jefe de gobierno: también puede nombrar un Primer Ministro (Catalan: Conseller(a) primer(a)) para que actúe como su adjunto, aunque desde 2006 el cargo ha sido sustituido por el del Vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, que debe ser aprobado por el Parlamento de Cataluña. Los distintos ministros (catalanes: consellers) también son nombrados por el Presidente de la Generalitat. Los ministros no necesitan ser diputados en el parlamento, ya que tienen un derecho automático de intervención en el parlamento

Los miembros del Gobierno en activo no pueden ser detenidos por ningún acto cometido en Cataluña, salvo en caso de flagrante delito, y sólo pueden ser juzgados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España fuera de Cataluña[2].

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La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, ha celebrado el «histórico» proyecto de ley que deja atrás un modelo «precario» vigente desde 2012. El proyecto de ley fue aprobado por el Partido Popular hace 10 años cuando tenían mayoría absoluta en el Congreso.

La votación generó tanta expectación hasta el último momento. Cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, leyó el número de votos, se confundió y dijo que la ley había sido «rechazada». Segundos después, cuando la oposición a la norma celebraba, Batet se corrigió.

Se esperaba que el número de votos fuera 176, sin embargo, dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra de la directiva de su partido y rechazaron la ley. Esto habría supuesto que el dictamen no se aprobara al haber 176 votos a favor.

Pero, el diputado conservador Alberto Casero, a pesar de votar «no», el sistema registró un «sí». Tras pedir volver a votar, la mesa del parlamento rechazó la petición porque ya había presentado su voto.

Sin embargo, los socios de la coalición de gobierno catalana se mostraron unidos en su rechazo al proyecto de ley. Esquerra Republicana (ERC), que había estado negociando con las autoridades españolas un posible acuerdo, «no trabaja bajo amenazas», dijo el portavoz Gabriel Rufián durante el debate. Añadió que la nueva norma es sólo «una revisión del reglamento del partido de los conservadores de 2012».

Episodio completo de PBS NewsHour, 21 de enero de 2022

A través de la Oficina de Normas Laborales (LS), la DLSS interpreta, investiga, emite orientaciones y normas sobre, y hace cumplir la legislación laboral en varios aspectos de: los salarios (mínimo, horas extras, deducciones, etc.); la licencia relacionada con la salud y la denuncia de irregularidades; los derechos de privacidad de los empleados (límites a las investigaciones sobre el historial de crédito, los antecedentes penales o las redes sociales); las relaciones sindicales-patronales (elecciones y ciertas quejas); la transparencia en la publicación de oportunidades de empleo y promoción; la contratación pública; y el empleo de los jóvenes.

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UBI is a periodically earned economic social service. It configures as a guaranteed service based on subjective right. The UBI service is intended to develop citizens’ promotion and empowerment in order to overcome the conditions having led them to need such service. UBI has its origin in a popular legislative initiative (a mechanism by which citizens can present legislative proposals) presented to the Catalan Parliament in 2014 to respond to social emergencies suffered by people with fewer resources in Catalonia because of the economic crisis of the late 2000 decade.

Simultaneously, UBI focuses on reversing risk factors for chronification of vulnerability and poverty contexts through beneficiaries’ active, committed and responsible contribution in developing and evaluating their labour insertion or social inclusion itineraries, as well as providing them with tools that facilitate their empowerment in the process of change.<br />

The beneficiaries are people over 23 years old (18 in special cases), residing in Catalonia during the previous 24 months, that do not have neither a minimum income over the previous six months, nor benefit of any residential service.