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5 Al adoptar los párrafos (1) y (2) de esta regla, la Asamblea de la Unión de Madrid entendió que cuando se aplique la Regla 34(3), la concesión de la protección estará sujeta al pago de la segunda parte de la tasa.

No es posible obtener el registro de una marca en Canadá a menos que, antes del registro, haya habido un uso de la marca en Canadá o, alternativamente, bajo ciertas condiciones, haya habido un uso en otro país.

Sin embargo, se imponen algunas limitaciones con respecto a lo que se puede exigir, así como al momento en que se exigen los requisitos. A este respecto, véase lo expuesto anteriormente en el apartado “Uso en Canadá y difusión en Canadá”.

De conformidad con los artículos 18 y 57 de la Ley de Marcas Comunitarias, el registro de una marca puede suprimirse si la marca ha sido abandonada. Para que una marca sea abandonada debe haber una intención de abandonar la marca; sin embargo, los tribunales han estado dispuestos a inferir una intención de abandono cuando ha habido un largo período de no uso.

No se realizará ninguna modificación del registro en la que se inscriba cualquier cambio en la titularidad o en el nombre o la dirección del titular de una de las marcas de un grupo asociado, a menos que el Registrador esté convencido de que se ha producido el mismo cambio con respecto a todas las marcas del grupo, y que las inscripciones correspondientes se realicen simultáneamente con respecto a todas esas marcas.

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El 20 de abril de 2021 el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid dictó medidas cautelares prohibiendo a la FIFA y a la UEFA (y a cualquier otro organismo futbolístico asociado) adoptar, mientras dure el procedimiento principal, cualquier tipo de determinación contra la Superliga o contra los equipos o jugadores que participen en la proyectada nueva competición europea.

Sin embargo, su declaración formal nos obliga a tomar medidas de protección para asegurarnos contra tal reacción adversa, que no sólo pondría en peligro el compromiso de financiación en virtud de la subvención, sino que, además, sería ilegal.

La decisión ordena a los citados organismos que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda afectar a la puesta en marcha del concurso o suponga un veto a la participación de los clubes fundadores en las competiciones en las que están participando actualmente, hasta que el tribunal haya estudiado completamente el caso. En caso de que, antes de la decisión sobre las medidas cautelares, ya se haya llevado a cabo alguna acción de este tipo, la FIFA y la UEFA tomarán las medidas necesarias para retirarla y dejarla inmediatamente sin efecto.

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Nacido el 1 de agosto de 1879 en Roma; de nacionalidad italiana; doctor en Derecho, se convirtió en juez (1901); juez del Tribunal de Distrito de Roma (1913); juez del Tribunal de Apelación de Roma (1923); juez del Tribunal de Casación (1926); primer presidente del Tribunal de Apelación de Trieste (1930); fiscal principal del Tribunal de Casación (1944); presidente del Tribunal de Apelación de Aguas Públicas (1948); Primer Presidente de Honor del Tribunal de Casación (1949); Secretario General Adjunto de la Sociedad de Naciones (1932-37); Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (1944); Miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (1949); Presidente del Tribunal de Justicia de 1952 a 1958; fallecido el 29 de abril de 1962.

Nacido el 12 de noviembre de 1888 en Dordrecht; de nacionalidad neerlandesa; Secretario General de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos (1920-52); delegado en numerosas conferencias internacionales del trabajo, miembro suplente del consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Consejo de Europa, miembro de la Sala Primera (1929) y de la Sala Segunda (1939-52) de los Estados Generales; Juez del Tribunal de Justicia de la CECA del 4 de diciembre de 1952 al 6 de octubre de 1958; fallecido el 26 de agosto de 1963.

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El MJUS está dirigido por el Ministro de Justicia, que es nombrado por el Rey de España a petición del Presidente del Gobierno, oído el Consejo de Ministros. El Ministro está asistido por tres funcionarios principales, el Secretario de Estado de Justicia, el Subsecretario de Justicia y el Secretario General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. El Fiscal General depende del Ministro. La actual titular es la Sra. Pilar Llop.

La administración de justicia era una prerrogativa real y lo seguiría siendo hasta el siglo XIX, con las primeras constituciones. Sin embargo, los monarcas ya delegaban sus competencias judiciales en funcionarios encargados de administrar justicia, pero la primera vez que se creó una especie de departamento gubernamental para asuntos judiciales fue en 1705. Ese año, el rey Felipe V dividió la Secretaría del Despacho Universal en dos secretarías, una para Guerra y Hacienda y otra “para todo lo demás”, que incluía principalmente asuntos de justicia y religión[4][5][6].