Constitución de España

Una Ley Orgánica en el derecho español bajo la actual Constitución Española de 1978 debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (no sólo por la mayoría de los votantes). La Constitución Española especifica que algunas áreas del derecho deben ser reguladas por este procedimiento, como las Leyes de Desarrollo de los Derechos y Libertades Fundamentales contenidas en la sección primera del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, que fue la base de los Estatutos de Autonomía de las distintas comunidades autónomas de España. Antes de la Constitución de 1978 este concepto no tenía precedentes en España. Se inspiró en un concepto similar de la actual Constitución francesa de 1958, que estableció la Quinta República francesa[1].

El artículo 81.1 de la Constitución Española dice: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución”[2].

Parlamento de España

a) representante del sector financiero – un banco comercial, una institución de depósito no bancaria, una sociedad de corretaje, un registrador de valores independiente, una sociedad de gestión de activos, un depositario central, un depositario especializado, una bolsa de valores, una organización de microfinanciación, un fundador de un plan de pensiones no estatal, un operador de sistemas de pago, un proveedor de servicios de pago, una empresa con responsabilidad pública, una oficina de cambio de divisas

g) depósito: fondos monetarios u otros medios de pago depositados por una persona en un banco comercial o en una institución depositaria no bancaria, respecto de los cuales un banco comercial o una institución depositaria no bancaria adquiere el derecho de propiedad. Los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico no constituyen un depósito;

k) reproducción – producir, en su totalidad o en parte, billetes y monedas emitidos por el Banco Nacional, incluida la producción de sus elementos individuales de diseño, color, tamaño, símbolos, o producir una imagen, modificándolos, en forma material o no material, que pueda parecerse al dinero auténtico, o crear una impresión de dinero auténtico;

Regiones de España

Estatutos de autonomía: normas institucionales españolas básicas aplicables a las comunidades autónomas individuales y reconocidas por la Constitución española de 1978. Se aprueban por ley orgánica. Contienen, al menos, la denominación de la comunidad autónoma; sus límites territoriales; las denominaciones, estructuras organizativas y sedes de las instituciones autonómicas; y las competencias que les corresponden. Los estatutos de autonomía no son una expresión de la soberanía, ni tampoco una constitución, ya que no provienen de un poder constituyente originario (que no estaba investido en los territorios que se convirtieron en comunidades autónomas). Más bien, deben su existencia a su reconocimiento por parte del Estado sin que, en ningún caso, el principio de autonomía ponga en cuestión el principio de unidad.

Además de esto, se establece un principio de competencia respecto a las normas dictadas por los parlamentos de las distintas comunidades autónomas (decretos del gobierno regional, órdenes del gobierno regional, etc.).

Supermayoría

1. Informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales y sobre el progreso en las mismas a lo largo de la vida.

2. Informar y asesorar sobre las diferentes ofertas de formación y los posibles itinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laboral, así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo (artículo 14. Finalidad).

El Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Educación desarrollarán, con la colaboración de las administraciones de las Comunidades Autónomas, una Plataforma de Información y Orientación que permita obtener información sobre el procedimiento de evaluación y acreditación, las convocatorias y las ofertas formativas. También incluirá las herramientas necesarias para facilitar la autoevaluación y la elección de los itinerarios formativos. (Artículo 8: Información y orientación).